No se detiene, en el país, el aumento persistente y generalizado de precios. La inflación anual, a finales del mes pasado, cerró en el 9,16%. El rubro en el que con mayor fuerza se siente el alza es en el de los alimentos.

La Asamblea Constituyente aprobará antes de concluir sus labores el mandato agrícola enviado por el presidente de la República, con un paquete que incluye un determinado subsidio a la producción agrícola en la compra de fertilizantes y agroquímicos, la exoneración del Impuesto a la Renta de este año a las empresas importadoras de agroquímicos y a las de producción agrícola de alimentos para consumo nacional, cuando estas últimas reinviertan el 100% de las utilidades; la exoneración del IVA a insumos agrícolas y la suspensión del impuesto sobre tierras improductivas que se creó en la reciente Ley Tributaria.

Ese paquete, que, según el Gobierno, representa más de $300 millones, es una medida coyuntural cuyos primeros resultados se evaluarán al terminar el año.

El Gobierno ha afrontado el incremento de los precios con el control de precio y, en el caso del arroz, la prohibición de importar. No obstante, afrontar el alza de los alimentos pasa por una política agrícola coherente, no solo coyuntural, con incentivos estables para aumentar la producción, mejorar la productividad y no imponer restricciones ni trabas al abastecimiento y comercialización de los alimentos.

Un horizonte general de inseguridad económica y falta de estímulos a la inversión disparan el alza de precios.